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Editorial

Tranque institucional

ACTUALIZADO 07.06.2018 - 10:27 pm

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E l país asiste a una coyuntura donde se ha puesto en evidencia un tranque institucional que tiene dos claras expresiones. La primera el tranque en el Congreso Nacional con motivo de la discusión sobre la Ley de Partidos; y la segunda la expectativa sobre el limbo en que podría quedar el caso de corrupción más espectacular de la Odebrecht y sus implicados.

    Sobre la primera situación no ha sido posible un consenso entre las partes interesadas sobre la Ley de Partidos, estancada por las diferencias respecto al problema de las primarias. Esas diferencias son protagonizadas por la facción del Presidente Medina y la facción del ex presidente Fernández, y marginalmente por las posiciones disímiles de los líderes del PRM.

    En todo caso, el empantanamiento de ese importante proyecto impide que el país sea dotado de un Marco Regulador de los Partidos y de las propias elecciones a través de la Ley Electoral, también pendiente de aprobación, lo que pone al país ante la eventualidad de concurrir a las próximas elecciones sin un adecuado Marco Regulador que asegure elecciones limpias, transparentes y equilibradas, de las cuales surjan gobernantes con una legitimidad democrática incuestionable.

    Ir a las elecciones con el actual marco legal sería mantener y asegurar las tradicionales “mañas” y “tramposerías” que enturbian el voto soberano y limpio del votante, con lo cual se ha favorecido la tendencia antidemocrática del monopolio partidario, que ha dado lugar a la emergencia de un partido hegemónico, el cual no solo ha pasado a controlar todos los poderes del Estado impidiendo los principios de la separación de poderes y de alternancia, sino que ha aprovechado su paso por el Gobierno para apropiarse de grandes volúmenes de recursos públicos, para consolidar su dominio como partido y como la nueva clase gobernante y dominante.

    Pero ese dominio monopólico se ha construido mediante un liderazgo partidario que se ha mantenido apegado al viejo modelo de dominación caudillista de corte personal, aplicando para ello la repartición de “canonjías” y “sobrecitos” entre sus relacionados y clientelas. Primero le tocó a Fernández y luego a Medina, quienes al convertirse en líderes bajo esa modalidad, como era de esperar, entraron en conflicto porque el caudillismo es excluyente: o uno o el otro.

    Esas razones son las que explican el conflicto que impide la aprobación del Marco Regulador del régimen de Partidos y Electoral. Se trata de un pugilato que busca la eliminación del oponente por vía antidemocrática. Pero esas mismas razones son las que explican la forma en que se ha manejado el expediente del caso de Odebrecht, porque el mismo de ser tratado por una Justicia independiente, por una Justicia no politizada y controlada por el partido hegemónico, daría a conocer las “venas abiertas” de la corrupción no solo como mecanismo para el enriquecimiento ilícito, sino como efectivo instrumento para la construcción de la nueva clase gobernante, que como tal aspira a eternizarse en el poder para reproducir su dominación indefinida. “Las clases no se suicidan”.  

    De modo que mantener estancada la Ley de Partidos y mutilar hasta el olvido el caso de la Odebrecht, es una necesidad política del partido gobernante y de su nueva clase dominante.

¡Del dominio establecido no se espere nada diferente! 




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