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Editorial

Ley de Partidos en conflicto

ACTUALIZADO 05.06.2018 - 5:19 pm

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El fracaso del diálogo para un consenso sobre la Ley de Partidos se ve como un empantanamiento entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso, las cuales forcejean para que los dispositivos de la Ley se ajusten lo más posible a sus conveniencias particulares.
   
Sin embargo, las diferencias que impiden un consenso eficiente entre las partes que forcejean, a veces con expresiones folklóricas, tienen de fondo el conflicto fundamental que se da en las sociedades capitalistas contemporáneas y que consiste en la confrontación permanente que se da al interior de las clases sociales: unas que dominan y controlan el poder político y el poder económico;  y otras que luchan o tienen el instinto de resistir y oponerse a la dominación impuesta por la primera.
   
En nuestro caso, el PLD, partido de gobierno, en casi 20 años de controlar el poder político a través de la apropiación de casi todos los poderes del Estado, ha aprovechado su oportunidad para también apropiarse de forma licita o ilícita de gran parte de los recursos públicos que ha manejado, para convertirse de un conjunto de individuos procedentes en su gran mayoría de los estamentos inferiores de la composición social dominicana, en un segmento significativo de las clases dominantes que además está jugando el rol de clase gobernante.
   
Esa conversión no solo le ha permitido ascender en la escala social, sino que se ha convertido en la nueva clase política que sustenta al régimen político nacional a través del manejo del Estado. Y para ello previamente se preparó en su fase de formación como partido, en la teoría marxista para la cual el Estado es un aparato normativo institucional que expresa y reproduce los intereses de la clase dominante.
   
Armado de esa concepción política el partido fue controlando todos los poderes del Estado, al tiempo de apropiarse de sus recursos, pero asumiendo como referencia la cultura patrimonialista de la dominación personal, cuyo paradigma más perfilado es el gobierno caudillista. Esa tendencia predominante en nuestra cultura política ha originado al interior del partido de gobierno su fragmentación en dos grandes facciones en conflicto: la que encabeza el Presidente Medina ahora con mayor poder acumulado; y la facción que encabeza el expresidente Fernández, quien trata de recuperar su antiguo rol de facción dominante.  
   
Ese conflicto ha llegado a un punto de máxima contradicción ante la aspiración de la facción gobernante de darle continuidad y protección judicial a su dominio, frente a la amenaza que encierra la eventualidad del retorno de la facción contraria. Esa lucha a “muerte” hasta el momento no encuentra la fórmula que resuelva el conflicto y por eso esa imposibilidad se reproduce en el debate de la Ley de Partidos, debate en el cual la facción dominante espera sacar ventajas para anular el avance de la facción contraria a lo interno del partido de gobierno, así como frente a los demás opositores con mucho menor fuerza pero a quienes hay que mantener permanentemente divididos para de esa forma asegurar una de estas dos opciones: o la continuidad “títere” o la tradición oligárquica de la reelección.

La Ley de Partidos, a partir de esa comprensión, parece condenada a su no aprobación por el momento.


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