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Editorial

Justicia e impunidad

ACTUALIZADO 14.05.2018 - 6:10 pm

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Se producen hechos delictivos cuyo tratamiento de parte de los órganos policiales y judiciales de persecución, es revelador del desorden del Estado en materia criminal, lo que contribuye decisivamente al estado de inseguridad ciudadana y a la negación del estado de derecho en el país.
   
El caso de un ciudadano apresado por más de 10 meses acusado por las autoridades de un asesinato cometido por otro con el cual ha sido maliciosa y delictivamente confundido, es un caso horripilante del estado de la Justicia, que ya no es “justicia simulada” como la califican algunos intelectuales, sino justicia cómplice con el crimen, sencillamente porque la autoridad aprendió a convivir y peor aún a vivir del crimen del bajo mundo. De esa manera la impunidad y la injusticia se combinan para convertirse en medios de vida de amplios segmentos de la autoridad, lo que hace imposible la impartición de justicia.
   
Pero si esa dramática situación la vive la Justicia para el bajo mundo, algo similar aunque diferente, se está viviendo para el crimen de “cuello blanco” o del “alto mundo”, especialmente dentro de la esfera de lo político. Los casos de corrupción donde se vinculan políticos, funcionarios, congresistas y empresarios, especialmente relacionados con Odebrecht y las demás empresas brasileñas del “Lava Jato” que se vincularon al país, ponen de relieve la imposibilidad de aplicar justicia frente a la delincuencia de alto nivel.   
   
De esa manera se puede entender por qué el Ministerio Público desistiera de mantener como acusados a los ejecutivos de la empresa brasileña EMBRAER que participaron de los sobornos en la compra de los aviones Tucanos, dejándolos solo como eventuales testigos, con lo cual ese caso pasará a disolverse, asegurándose su impunidad. Es probable que al caso de la Odebrecht se le dé el mismo tratamiento, pese a la proyección internacional de ese escandaloso caso que ya ha cobrado en varios países de la región un alto costo político, para restablecer a través de la Justicia el respeto al ordenamiento internacional del comercio global sin corrupción.
   
¿Por qué sucede de esa manera? Porque esa delincuencia de “cuello blanco” está conectada a la función de la nueva clase dominante que a través de la apropiación del aparato del Estado y de la economía, ha politizado y privatizado la Función Pública controlando instancias estratégicas del aparato judicial para proteger a sus integrantes y relacionados, con lo cual mantiene el monopolio del poder político y promueve la corrupción como medio para la apropiación de los recursos públicos y así consolidarse como clase gobernante y dominante  de la nueva Era de la estabilización política del país.
   
Se trata de una función de la corrupción que hay que proteger para que la nueva clase se reproduzca y permanezca en el dominio político de la nación.
   
Por eso la larga cadena de casos de corrupción correrá la misma suerte de la empresa Embraer y de los tantos casos impunes que se han ido acumulando y que seguramente quedarán sin solución. Como decía la vieja máxima del pensamiento de la izquierda: “la clase no se traiciona”.  
   
Y por eso la lucha contra la corrupción y la impunidad, debe asumir como objetivo estratégico: la despolitización del aparato judicial y del Ministerio Público.

¡La consigna es: “Por una Justicia independiente”!


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