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Editorial

Cohabitación soberana entre RD y Haití

ACTUALIZADO 11.03.2018 - 4:33 pm

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La madre naturaleza le confiere a República Dominicana y Haití compartir la isla Hispaniola o Quisqueya; ambos pueblos tienen marcadas diferencias culturales, sociales, económicas, políticas e idiomáticas.
   
Estas características que definen una fisionomía muy diferente en cada país, si se actúa con lógica, implican que la autonomía regule el sistema institucional con plena independencia en cada territorio.
   
Se trata de una isla que tiene una extensión geográfica de 76 mil 480 kilómetros cuadrados, de los cuales 48 mil 440 corresponden al lado dominicano, y 27 mil 500 kilómetros cuadrados en la franja haitiana.
   
Es deber de los gobernantes de cada nación respetar los derechos humanos y aplicar políticas que garanticen libertad, trabajo, educación, salud, seguridad social y bienestar general a todos los habitantes.
   
Ni República Dominicana ni Haití deben ceder la soberanía a fuerzas extranjeras, por muy poderosas que sean, para definir el estatus migratorio y político de los ciudadanos.
   
Importa una convivencia pacífica, pero con la independencia que se consagra en la declaración universal que establece la “Autodeterminación de los Pueblos”, en base a la Constitución y las leyes de cada país.
   
Hay que asegurar una coexistencia armónica, respetuosa e independiente entre dominicanos y haitianos, porque es una realidad natural e histórica compartir la isla por siempre.

Injerencia inaceptable


Robin Bernstein, empresaria nominada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump para embajadora en República Dominicana, ha emitido unas declaraciones desacertadas e injerencistas, porque inculca que en el país se violan los derechos humanos de los haitianos.
   
Incluso, se refiere a la existencia de apátridas sin realizar ninguna investigación al respecto, por lo que entra en el campo de la especulación, posición que la aleja de la realidad.
   
Quienes violan los derechos de los haitianos son sus compatriotas gobernantes, debido a que no le garantizan registro civil, empleos, salud, educación y lo necesario para vivir con dignidad.
   
La futura diplomática estadounidense debe cuestionar  a quienes controlan el poder en Haití y no a los dominicanos,  porque es allá que son maltratados, mientras de este lado de la frontera se les acoge sin prejuicios.
   
En el territorio nacional se enfrenta con civilidad la masiva presencia de inmigrantes, hasta el punto de un porcentaje significativo del Presupuesto se invierte en parturientas haitianas, una clara evidencia de un trato humano.
   
Jamás el Gobierno dominicano debe aceptar la intervención extranjera en asuntos internos, porque es competencia de la nación definir su política migratoria, como actúan quienes tienen el poder en los Estados Unidos, sin que nadie se entrometa en su plan sobre la migración.
   
Que se respete el derecho que tiene República Dominicana de regular la inmigración, porque la Constitución consagra la facultad que posee en la materia.
   
Propicio es, entonces, rechazar todo tipo de injerencia y defender el poder soberano del pueblo.

Controversia estéril


Preocupa que mientras las familias dominicanas sufren los efectos del alto costo de la vida, la delincuencia y la violencia intrafamiliar, funcionarios palaciegos y dirigentes del PLD se enfrasquen en una polémica improductiva sobre la reelección presidencial.
   
Que se pongan a trabajar por el bien común, esa es su responsabilidad.


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