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Editorial

Parálisis política

ACTUALIZADO 14.11.2017 - 10:00 pm

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El país comenzó el año priorizando las reformas políticas, específicamente la Ley de Partidos y la nueva Ley Electoral cuya aprobación está rezagada desde que se estableciera la Constitución en 2010. Muchos sectores nacionales se han expresado a favor de esas reformas, con la expectativa de que para las elecciones del 2020 el proceso electoral se desenvuelva dentro de un marco institucional regulado, de modo que se mejoren las prácticas políticas  partidarias para la consolidación de la institucionalidad democrática en el país.
   
La falta de regulación del sistema de partidos y del intercambio de apoyos entre ciudadanía y partidos, favorece la tendencia a la monopolización y concentración del poder  a favor de los partidos que aprovechan las indefiniciones del proceso recurriendo a variadas prácticas licitas e ilícitas, y así acumular más poder y levantarse como fuerzas hegemónicas en capacidad de imponer su voluntad frente a los demás partidos competidores y frente a toda la ciudadanía.  
   
Es lo que ha sucedido en el país con el actual partido gobernante, un partido más organizado y mejor adiestrado, al menos a nivel de su cúpula, en la teoría política para el manejo del Estado, vinculando éste al partido y a su función de fomentar y reproducir la formación de las clases gobernante y dominante de la nación. Por eso el partido de Gobierno ha podido controlar al Estado a nivel del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y las demás altas cortes y la Cámara de Cuentas, con lo cual no solo ha impuesto su estrategia de la “gobernabilidad clientelar”, sino que ha podido atacar y protegerse de sus competidores, al tiempo que ha monopolizado el proceso de apropiación de los recursos públicos para alcanzar la debida sustentación social y económica que le ha permitido construir un dominio político de muy largo plazo, que se consolida, además, por la ausencia de una oposición que ha resultado incapaz de servir de contrapeso.  
   
En ese contexto, el proceso de reforma para establecer un marco regulatorio del proceso electoral y de los partidos, deviene en un potencial obstáculo para la maximización del poder del partido hegemónico. Ese obstáculo resulta aún más riesgoso si el partido gobernante atraviesa por las dificultades que implica la prohibición constitucional de la repostulación del Presidente, al tiempo que se intensifica el conflicto interno en su liderazgo.
   
Por eso se explica el estancamiento que se ha producido en el Congreso y en el Comité Político del partido de Gobierno, respecto a la aprobación de la Ley de Partidos, situación que hace incierta la aprobación de esa Ley como la Ley Electoral, todavía más importante para la regulación institucional de los procesos partidarios y eleccionarios en el país. Precisamente, el Presidente de la Comisión Bicameral del Congreso que estudia la Ley de Partidos, acaba de admitir que el proyecto se encuentra paralizado por esa situación conflictiva que caracteriza la dinámica del partido oficial. La institucionalidad del país pende de ese conflicto y su desencadenamiento. Esa situación hace incierta la aprobación de esas importantes piezas legislativas para regular el próximo torneo electoral. Y de aprobarse se hará asegurando su menor riesgo o perjuicio.

¡La parálisis, pues, pospone la democracia electoral!


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