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Editorial

Desafío de la “resistencia”

ACTUALIZADO 09.11.2017 - 12:40 am

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El avance de una cotidianidad ilegal en muchos aspectos de la vida económica y política del país, debe hacer conscientes a muchos de que la estabilidad y el orden, valores ideológicos que motivan la conducta ciudadana, se buscan cada vez más mediante lo que se llama la legitimidad fáctica del poder, en vez de la legitimidad democrática. 
Las ciencias sociales clásicas han establecido que la estabilidad y el orden social dependen de las siguientes condiciones: la eficiencia del Estado que se refiere a su capacidad de responder a las demandas sociales; y la legitimidad que significa el apoyo que despierta o merece el sistema político de parte de la población. De su lado, la legitimidad o apoyo es de dos tipos: la legitimidad democrática que se refiere al apoyo que merecen los que logran el poder luego de haber cumplido con los procedimientos de Ley para su escogencia, mediante elecciones limpias, transparentes y confiables, logrando así su legitimidad democrática delegada por la voluntad popular.  
Pero los que ejercen el poder también pueden legitimarse mediante la legitimidad fáctica que, en nuestras sociedades contemporáneas, proviene de la autoridad o de la propiedad del capital o dinero u de otros factores externos, criterios externos a la voluntad popular y que logran disponer algunos agentes económicos o políticos que hacen que las mayorías les apoyen y le obedezcan, fuera de los procedimientos legales o normativos que determinan la legitimidad democrática.
En nuestro país cada vez más se están imponiendo los criterios de la legitimidad del poder fáctico por sobre el poder democrático. Cada vez más las elecciones son distorsionadas por esos mecanismos del poder de facto, que son los que explican tantas irregularidades en los procesos electorales. En vez de que “el pueblo elige” democráticamente, se hace más evidente que “el dinero elige” fácticamente, manipulando a los electores sobre todo a los que venden sus votos y sus conciencias.
De esa manera, se ha creado un gran poder fáctico del lado de los grupos que ejercen el poder, mientras que cada vez más los movimientos y grupos que dicen defender la democracia, parecen más debilitados e incapaces de resistir al gran poder establecido. Por eso se dice que en el país no hay oposición y por lo mismo el “movimiento verde”, que brotara con fuerza del escándalo de la Odebrecht, se cree que es la gran “esperanza democrática” para que el país retome el rumbo de la institucionalidad democrática. 
Para ese propósito, la “Marcha Verde” se enfrenta a un gran desafío que consiste en superar el peligro que corre su anónima y difusa dirigencia al intentar institucionalizar un esquema de coordinación de los trabajos del movimiento, porque dependiendo de ese esquema de institucionalización del poder interno, se corre el riesgo de la “apropiación del poder”, y consecuentemente de la exclusión ciudadana. Si esto no se resuelve con racionalidad e inteligencia democrática, el poder fáctico dentro y fuera de la “Marcha Verde” tiene la gran posibilidad de distorsionar la misión del movimiento, hasta llevarlo a las dimensiones de sus orígenes que fuera la fase de “los encadenados” de la OISOE.

¡Qué enfrenten ese desafío!



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