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Editorial

Vergüenza judicial

ACTUALIZADO 04.10.2017 - 10:40 pm

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Es una vergüenza el hecho admitido por la Procuraduría de la República de que el recluso apodado “Quirinito” se haya fugado de la cárcel en la que cumplía una condena de 30 años por asesinato. Según lo que se ha relatado, hay una cadena de funcionarios judiciales y de otros cómplices vinculados y responsables  de la fuga del reo, a quien lo hicieron pasar por un “muerto vivo”. Ahora no se sabe de su paradero, pero ya se sabe que su muerte fue un teatro simulado. La Procuraduría ha dispuesto su recaptura dentro y fuera del país, no sin antes pasar por la vergüenza de admitir la espectacular fuga del preso.
   
Es un caso que pone de relieve hasta dónde ha llegado la podredumbre de la Justicia y del Ministerio Público en materia de la administración de la justicia. La institucionalidad y las leyes son relajadas hasta la “chabacanería”, por la irresponsabilidad de unos incumbentes que funcionalmente carecen de seriedad, profesionalidad y responsabilidad frente a los cargos que desempeñan, y por eso se producen esas “quirinadas” que consolidan el estado de desconfianza y descrédito que caracterizan a la Justicia en su conjunto.
   
¿De dónde viene este estado de cosas? Viene del hecho de que los cargos públicos en esta fase política del país, se asumen como espacios de oportunidades económicas para los funcionarios, donde los casos a que se enfrentan se constituyen en mercancías,  cuyos precios de venta lo determina la “oferta y la demanda”. En el caso de la Justicia, la generación de ingresos y ganancias depende en gran medida no de la Función Pública, sino del mercado de la criminalidad y la delincuencia. Los incumbentes viven y acumulan riquezas del gran mercado de lo ilícito. Por eso el país exhibe una gran debilidad institucional para enfrentar la criminalidad y la delincuencia que azota a la nación, donde cada vez más crece la inseguridad ciudadana.

La Procuraduría tiene que resolver el caso de “Quirinito”, pero el Gobierno y el país tienen que tomar en serio la debacle del ordenamiento judicial dominicano, para decidir “arreglar” la “vergüenza judicial”.

¡Por Dios, hasta cuándo!
 

Desregulación partidaria 


La Ley de Partidos y el tema de las Primarias, después de la decisión del Comité Político del PLD, se complican y luce que su complicación podría tener un desenlace para que todo siga igual, de modo que las próximas elecciones se celebren dentro del actual ordenamiento jurídico, que equivale a un estado altamente desregulado que es oficialmente el más deseable, a no ser que se apruebe un esquema que convenga a los intereses del partido gobernante, el cual ha especulado con la desregulación institucional vigente, aprovechando la tendencia que tiene lugar en esa circunstancia a la monopolización de todas las fuentes del poder político y económico. De esa forma, el partido gobernante se ha constituido en el partido hegemónico, en capacidad de imponer la institucionalidad que le conviene a sus intereses, como partido pero también como clase social dominante en la que se ha convertido. Qué se entienda, en la presente circunstancia:

¡La ERA del PLD va para largo!      



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