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Editorial

Diálogo electoral

ACTUALIZADO 12.09.2017 - 9:11 pm

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El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, ha pedido al liderazgo de los partidos a que se aboquen a un diálogo nacional franco, a fin de que se llegue a un consenso sobre la Ley de Partidos, a lo que habría que agregar también la Ley Electoral, de modo que las próximas elecciones transcurran dentro de un nuevo marco regulador que viabilice elecciones libres, transparentes e igualitarias, de donde surjan gobiernos legítimos y creíbles que se comporten democráticamente, haciendo respetar el estado de derecho fundamentado en la Constitución y las leyes. Ese anhelo democrático y civilista lo manifiestan las organizaciones civilistas de la  comunidad nacional y de la propia comunidad internacional a través de variados órganos de expresión.
   
Aunque en República Dominicana se han instituido las elecciones para la escogencia de los gobernantes por parte de la ciudadanía electora y depositaria del poder popular, los procesos electorales, con algunas excepciones, siempre han generado dudas razonables sobre su idoneidad, dadas las irregularidades que se cometen y las malas prácticas antidemocráticas e ilícitas que se observan en cada proceso. Se han reconocido como malas prácticas antidemocráticas: el uso y abuso de los recursos públicos de los partidos de Gobierno en tiempos electorales; las políticas asistenciales con fines de persuadir el voto de los sectores empobrecidos; la compra masiva del voto el día de las elecciones; el control e intervención de los órganos electorales para asegurar fallos a conveniencia; así como el control de la Policía electoral, la cual en ocasiones aplica estrategias selectivas para reprimir a los votantes contrarios a los intereses oficiales.
   
A esas prácticas recogidas y evidenciadas por los órganos nacionales e internacionales de observación electoral, se unen otras que forman parte de la falta de equidad en la competición partidaria: la desigualdad en cuanto al acceso de los partidos a los medios de comunicación; de igual modo en cuanto al acceso al financiamiento público y privado; y desigualdad en la propaganda electoral, procesos éstos que ponen al descubierto la “severa asimetría” que hace inequitativa e irreal una verdadera competencia entre los partidos.
   
En los últimos certámenes electorales la asimetría ha llegado a tal nivel, que el partido de Gobierno, aprovechando el monopolio del control de los órganos electorales y de la propia Justicia, así como del apoyo que ha logrado de las cúpulas oligárquicas, se ha favorecido con maniobras que han dividido y debilitado a la oposición, haciendo casi inexistente una real y verdadera oposición con posibilidad de competir en las elecciones.
   
En ese marco de asimetría, donde el poder político se ha ido de un solo lado, llamar a un diálogo para un consenso que permita un marco regulador  de mayor equidad democrática, es similar al grito de Montesinos en defensa de los pueblos originarios en los tiempos de la conquista. El poder asimétrico, podrá, en un eventual diálogo, distribuir algunas “boronas” en especie o de derecho, pero el dominio hegemónico, lamentablemente, no cejará en su necesidad de asegurar las condiciones de su monopolio.
   
La Ley de Partidos y la Ley Electoral tienen que asumirse como conquistas democráticas por alcanzar.

¡Convénzanse!


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