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La eterna crisis energética

ACTUALIZADO 18.09.2018 - 6:38 pm

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Uno de los factores que le resta competitividad a la economía del país ha sido la permanente crisis eléctrica. El fracaso dominicano en materia eléctrica se ha traducido en los continuos apagones, la alta tarifa eléctrica, los altos subsidios y las grandes pérdidas de las distribuidoras que pierden alrededor del 30 por ciento de la energía recibida de los generadores.
   
Aunque se reconoce que el país ha llegado a instalar suficiente capacidad de generación, las irregularidades y las distorsiones introducidas en el proceso no solo violentaron la Ley Eléctrica, sino que introdujeron fórmulas como la del “orden del mérito” que hicieron que las generadoras más eficientes y baratas cobraran la energía servida a los precios de las generadoras más ineficientes y caras, a partir de lo cual los grupos beneficiados se convirtieron en poder fáctico con más fuerza que los representantes estatales, imponiendo sobre éstos su voluntad e intereses especiales. Por eso ha fracasado el Pacto Eléctrico y por eso la finalización de los contratos con los generadores en el 2016 no se aprovechó para eliminar y atenuar las distorsiones e irregularidades violatorias a la Ley.
   
De esa manera, llegamos a la decisión del Gobierno de concebir y acordar con la Odebrecht la instalación del Proyecto de Punta Catalina, cuya capacidad generadora pondría fin a los apagones y rompería con el monopolio de los generadores y las irregularidades que le benefician, pudiendo el gobierno hacer bajar la tarifa eléctrica y reducir así el impacto negativo del servicio eléctrico como factor de la no competitividad de la economía dominicana.
   
Sin embargo, la historia ha sido otra y ya la ciudadanía sabe sobre las distorsiones y aberraciones introducidas por la Odebrecht y el propio gobierno, cuando se permitieron los ilícitos de los sobornos, la sobrevaluación y el financiamiento de campañas electorales y que elevaron el costo contratado del proyecto en unos US$ 1,945 millones a los que habría que sumarle los costos financieros por el orden de 500 millones de dólares, elevando la inversión en unos 2,445 millones de dólares. A esos valores habría que sumarle los 708 millones de dólares reclamados por la Odebrecht, si gana el litigio en la corte internacional, así como los 336 millones de dólares del fondo de contingencia recientemente acordado entre gobierno y  Odebrecht, con lo cual la inversión de Punta Catalina se elevaría a un máximo de US$ 3,489 millones, sin contar el costo de oportunidad de unos US$ 200 millones que la empresa debió pagar por penalidades establecidas en el contrato por concepto de atraso y que el Gobierno no ha hecho cumplir.
   
De esa manera Punta Catalina tendrá un costo de inversión que no compara con los 900 millones de dólares que costó la construcción de una planta similar hecha por la empresa italiana Tecnimont, socia aquí de la Odebrecht, en el propio Brasil. En esas condiciones de tan elevado e inexplicable nivel de costo, será muy difícil que Punta Catalina pueda encontrar nuevos socios como coinversionistas, a no ser que se ofrezcan condiciones muy onerosas para ser soportadas por el pueblo dominicano.

Así: ¿Punta Catalina aliviará o agravará la crisis eléctrica?



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