23 Mayo 2017 8:29 PM

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El peligro de los monopolios

ACTUALIZADO 23.05.2017 - 6:09 pm

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La teoría económica capitalista reconoce el peligro que significa para el buen funcionamiento de una economía democrática, la existencia de los monopolios porque los mismos alcanzan la facultad de imponer los precios en el mercado, perjudicando a los demás agentes económicos y a los consumidores. En nuestro país un caso muy claro y de un peso negativo es el oligopolio que se estableciera con la privatización del sistema eléctrico a nivel de los generadores, con el perjuicio adicional de que ese poder de encarecer la electricidad para asegurar beneficios desbordados, convierte a los propietarios de esas empresas en un poder fáctico que, entonces, no solo impone precios en el mercado sino que impone políticas de Estado que le favorezcan, impidiendo la adopción de otras políticas que liberen al país de esos monopolios que impiden el desarrollo de una economía competitiva y en expansión dinámica.
   
Algunos planteamientos de algunos políticos estudiosos reconocen el perjuicio de los monopolios y establecen que los oligopolios y los monopolios que operan en la economía dominicana imponen elevados precios que se constituyen en pesadas cargas que aplastan a las mayorías de las empresas y a los consumidores, con lo cual se frena el desarrollo y por el contrario se fomentan una elevada presión tributaria y una elevadísima evasión e elusión fiscal. La situación aboca al país a la necesidad de platearse una seria y profunda reforma tributaria que simultáneamente aborde el problema del gasto público y los tributos.
   
Pero así como en economía los monopolios ejercen una presión negativa, un fenómeno correlato se produce en la política y en el funcionamiento del Estado, cuando en este plano ciertos grupos político-partidarios llegan a controlar los poderes del Estado, constituyéndose en monopolios que además se asocian y/o promueven intereses económicos monopólicos, como es la nueva realidad que ha creado el actual partido gobernante. Esa monopolización, también en política, impide el desarrollo de la institucionalidad democrática y fomenta un clima institucional de irrespeto a la Ley y del estado de derecho.
  
Distorsiones antidemocráticas, frutos de esa tendencia monopólica, se han derivado de la politización de ciertos órganos del Estado, sobre todo en las esferas jurisdiccionales y de la justicia electoral, controladas por el grupo gobernante, haciendo que las mismas dicten sentencias y fallos solo para responder a la ambición de maximizar el poder, mediante decisiones complacientes a los intereses de la nueva clase gobernante y así fortalecer y ampliar el monopolio político.
   
Esa ambición de controlarlo todo que es inherente al espíritu del monopolio, se ha puesto en evidencia en las primeras escaramuzas del CNM, órgano superior que tiene como misión conformar el nuevo Tribunal Superior Electoral y completar la SCJ, cuando se decidió designar como vocero al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo fuera de la membresía del organismo, provocando la contrariedad de los dos únicos representantes de una oposición ya debilitada. Se evidencia además, con los monopolios económicos y políticos, las raíces de la debilidad institucional y del peligro que corre la democracia dominicana.  
 
¡Se impone, pues, una acción vigorosa antimonopólica en pro de la democracia!  


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