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Editorial

Acuerdo contra la corrupción

ACTUALIZADO 22.11.2017 - 12:18 am

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 líder de la oposición dominicana, Luis Abinader, propuso un “Acuerdo Nacional contra la Corrupción y la Impunidad” con todos los sectores, incluido el partido de Gobierno. Entre las acciones propuestas destacó la limitación del gasto en las campañas electorales para evitar los aportes de sectores que buscan recompensas por los favores prestados a los candidatos; asimismo propuso que el Procurador no sea designado por el Presidente de la República y que no forme parte del CNM; de igual forma recomienda que los miembros de la Cámara de Cuentas sean inamovibles e independientes del Poder Ejecutivo.
   
Abinader denominó el conjunto de acciones propuestas “círculo virtuoso” de la institucionalidad, que debe iniciar con el control del gasto en las campañas electorales; la ejecución eficiente del Presupuesto apegado a la Ley; y el fortalecimiento de la institucionalidad estableciendo un régimen de consecuencias frente a las violaciones que significan la corrupción y la impunidad. Enfatizó que el Gobierno debe asumir el respeto a la Ley porque nadie está por encima de ella.
   
Bajo esos predicamentos se espera que el país disponga de una administración de Gobierno en capacidad de atacar y corregir el grave problema de la corrupción, que de acuerdo a Abinader sobrepasa los 46 mil millones de pesos anuales, con los cuales el Estado deja de atender las necesidades en servicios públicos a favor de la población.
   
Hay que decir que estas ideas sobre las reformas políticas son recurrentes y comunes en los líderes de la oposición y en cierta forma en los que comparten la gestión de gobierno. Sin embargo, lo difícil y casi imposible ha sido lograr los consensos entre las diversas fuerzas sociales y políticas, para que esas reformas se puedan poner en práctica. La práctica política no sigue las pautas del buen deseo de intenciones de gobernantes y opositores. Sigue más bien la lógica de la acción económica y política monopólica y oligopólica que se conecta con la función de formación de las clases gobernantes y dominantes. Para esa función se ha favorecido un ordenamiento institucional que promueve la corrupción y la impunidad para apoyar la formación de esas nuevas clases y también para protegerlas en su voraz ambición de apropiación de los recursos públicos con fines privados y de su consolidación como clase.
   
En esa lógica, el consenso no es lo que conviene, sino que por el contrario lo que hay que manejar es el conflicto, el conflicto material que surge entre los que coordinan  la asignación de los recursos públicos y los que están “afueriados” de esa función de coordinación, que son los que están  fuera del poder. Para llegar a los consensos, entonces, el proceso debe ser guiado por una buena teoría del conflicto para que los “afueriados” del poder puedan hacer sentar a los que monopolizan el poder en la mesa de la concertación de los consensos. De no manejarse con ese entendimiento, las propuestas de reformas solo serán buenas intenciones echadas al aire por los que en el mejor de los casos resultan “ilusos” de la política. O en los casos más prolíficos, por los buscadores de “oportunidades” especulativas, es decir, los “oportunistas”.

¡Hay que ampliar el entendimiento de la política!



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