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Editorial

Yeni y Francisco

ACTUALIZADO 18.01.2017 - 6:23 pm

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Yeni Berenice Reinoso, Fiscal del Distrito Nacional y Francisco Domínguez Brito, Ministro de Medio Ambiente, están asumiendo una actitud y un comportamiento como funcionarios del Estado, que bien vale la pena destacar, sobre todo en circunstancias en que la clase política parece conducir al país a su más bajo nivel de moralidad pública, que amenaza con disolver la comunidad nacional y la voluntad de vida de los dominicanos. La “mística” de la  impunidad y la corrupción, expresiones de la descomposición impuesta por la estrategia de la gobernabilidad, han desvirtuado la función pública del funcionariado, privatizándola y haciendo que la motivación central sea la de hacer negocios a través del cargo público y no sus responsabilidades con la nación.   
   
En ese escenario, es encomiable la postura pública asumida por esos dos funcionarios, frente a dos situaciones donde el interés privado hace todos los esfuerzos por imponerse frente al interés común de todos, violando todos los estamentos jurídicos e institucionales. Los casos de Valle Nuevo y el juicio a los asesinos del exrector Mateo Maestro Aquino Febrillet, han sido encarados por ambos funcionarios con la valentía, determinación y sentido de defensa del interés común y del marco jurídico, que los colocan como verdaderos funcionarios de Estado en capacidad de cumplir y hacer cumplir las leyes, de modo que se restablezca el ordenamiento institucional socavado por la corrupción y la impunidad.
  
En el caso de Valle Nuevo, Domínguez Brito se ha mantenido firme reiterando la voluntad de restablecer el orden en esa zona ambiental protegida, que se encuentra amenazada por la irracionalidad ecológica de grupos que se creen en el derecho de poner en peligro la preservación de un bien común público como es el agua para la población presente y futura. Sostiene el funcionario que no habrá prórroga para el desalojo en el Parque de Valle Nuevo y que nadie recibirá pagos por tierras, porque obedece un mandato constitucional para proteger una zona donde se han producido daños ambientales irreparables.
   
Por su parte, Yeni Berenice en relación al juicio contra los implicados en el asesinato del exrector de la UASD, ante los incidentes presentados en las audiencias y a los retiros de dos querellantes, reiteró su firme decisión de que el Ministerio Público seguirá en el caso hasta que se llegue a la condena de los procesados culpables de ese horrendo hecho que conmovió el alma nacional y que puso de relieve la descomposición moral de la nación y en particular de la clase política del país. Esa misma clase política que aprovechando la descomposición institucional, ahora busca proteger a algunos de los implicados en el crimen por compromisos fruto de negociaciones político-electorales. Eso es inaceptable no solo por razones de justicia e institucionalidad, sino porque hay que salvar a la nación de la amenaza de una  delincuencia y criminalidad que aterran.
   
Por esas razones  se debe apoyar la posición asumida tanto por Domínguez Brito como por Yeni Berenice, en ambas situaciones que son verdaderos desafíos para la institucionalidad legal y judicial de la República.

¡Qué todos los funcionarios repliquen esos ejemplos!  


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