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Editorial

Problemas de institucionalidad

ACTUALIZADO 18.07.2018 - 6:51 pm

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Se ha reconocido que uno de los problemas que dificulta la buena marcha del quehacer nacional es la falta de institucionalidad o la debilidad de la democracia dominicana. Variados hechos  hacen evidentes que los dominicanos, gobernantes y gobernados, acusan serias limitaciones para ajustar su comportamiento al marco normativo y procedimental que establecen la Constitución y las leyes de la República. Hay una falta de entrenamiento que permita adecuar la conducta a las reglas legales establecidas, lo que se traduce en una especie de rebeldía permanente frente a la Ley.       
   
Una primera comprensión de esa conducta contra el orden institucional, es la informalidad que caracteriza a la personalidad social dominicana, la cual es formada y criada en las habituales redes de relaciones primarias o afectivas, dentro de las cuales normalmente el dominicano desenvuelve su vida.
   
En ese contexto el dominicano aprende a despreciar la formalidad de la Ley, así como los procedimientos impersonales. Y es en ese marco de referencia conductual que ha florecido el modelo de liderazgo autoritario de la dominación personal, cuyo paradigma es el caudillo, que se coloca por encima de la Ley, para ejercer el poder según lo manda la tradición del patrimonialismo de Estado, donde el caudillo se auto concibe como propietario de los recursos públicos, los cuales dispone según su parecer, sin rendir cuentas a la colectividad.
   
Si entendemos ese marco de actuación, entonces podemos comprender las diversas manifestaciones que revelan las contrariedades que se están presentando en el comportamiento de los funcionarios del Estado y que evidencian la debilidad de las instituciones.
   
Por ejemplo, la contrariedad entre funcionarios del Poder Ejecutivo: unos que firman un acuerdo en China para la ejecución del proyecto del Puerto de Manzanillo y otras obras; y otros funcionarios que desmienten la acción rechazando tal convenio.  O en el caso de los diputados que se niegan a cumplir su función de fiscalización del Poder Ejecutivo, con motivo de la solicitud de una resolución para designar una Comisión que investigue la situación de los contratos convenidos entre el Gobierno y el que fuera asesor del Presidente, el brasileño Joao Santana y sus empresas vinculadas al caso de la Odebrecht, por un monto ascendente a 1,400 millones de pesos, según lo revelara  el propio gobierno a través de la Contraloría General de la República.
  
En un país donde impere un estado de derecho, con respeto a la Ley y la institucionalidad, sería una ridiculez descalificar a esos diputados por haber denunciado un asunto fundamentado en los propios documentos del Gobierno, al tiempo de desconocer y soslayar arbitrariamente las competencias y funciones de la propia Cámara de Diputados.
   
Esas frecuentes inconductas escandalosas que exhiben gran parte de la nueva clase política en su desempeño en el manejo del Estado, son claras revelaciones de cómo esa nueva clase dominante ejerce su dominio recurriendo a procedimientos fácticos ilegítimos, violatorios del Marco Jurídico del Estado. Por eso es que se profundiza, cada vez con mayores señales, el estado de pobreza de la institucionalidad democrática de la nación, mientras más poder acumula la nueva clase gobernante.

¡La institucionalidad democrática así se desvanece!


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