18 Diciembre 2017 8:39 AM

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Jueces y abogados realizan protestas en contra de suspensiones de sus compañeros en SFM

Jueces y abogados realizan protestas en contra de suspensiones de sus compañeros en SFM

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El juez Julio Castillo Plata lee el manifiesto de protesta.

Narciso Acevedo | ACTUALIZADO 12.10.2017 - 10:44 pm

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 SAN FCO. MACORIS.-Todos los roles de audiencias quedaron  suspendidos en el departamento judicial de esta ciudad para condenar las suspensiones de varios jueces  por la procuraduría general de la República  dentro del proceso de investigación con relación a la supuesta muerte de Pedro Alejando Castillo Paniagua (Quirinito) situación que con el paso de los días adquiere una mayor connotación  donde los abogados han manifestado que la lucha apena comienza porque no permitirán que jueces serios les sea manchado su trayectoria  de honestidad judicial.
   
Los jueces se concentraron en el interior del palacio de justicia de aquí donde emitieron un documento condenando las suspensiones llamando a que los mismos sea nuevamente puestos en sus lugares de trabajos judiciales.
   
El juez Julio Castillo Plata dio lectura a un amplio documento donde establecen su posición de los jueces con relación a las suspensiones por parte de la procuraduría general de la República.
   
En el documento los jueces y juezas rechazaron las cancelaciones de los magistrados Aleyda Jimenez Acosta, Felipe Restituyo, José Calasán Morel, entre otros que han sido suspendidos sin disfrute de sueldos.
   
En el manifiesto leído los jueces llamaron al procurador General de la Republica actual con objetividad divorciada del populismo y abrazado de la constitución y las ley3s, con el interés de contribuir a la estabilidad y el mantenimiento del sistema nacional de justicia.
   
En la manifestación de repudio por las suspensiones de los jueces también habló Rildamny Rodriguez en representación del Colegio de abogados de la provincia Duarte a donde manifestó que la lucha continuará hasta que las autoridades   procesan a la reposición de todos los jueces y juez y juezas que han sido suspendidos de sus funciones.
   
"Nosotros, Jueces y Juezas de la Republica Dominicana, inspirados en los valores y principios fundamentales de la dignidad humana, la justicia, libertad, igualdad y el imperio de la Ley, como base esencial para la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en el artículo 7 de la Constitución, en ejercicio dc nuestro derecho fundamental a expresar de manera libre y sin censura previa nuestras Opiniones e ideas.
   
En el manifiesto   los representantes de la justicia expresaron que el Poder Judicial celebró en octubre del 2016, la Cumbre Judicial Nacional como una iniciativa para identificar e impulsar reformas en el sector justicia que respondan de forma efectiva a las necesidades de la sociedad dominicana y sus instituciones.
   
Expresa el documento que sin embargo, durante el devenir del año 2017, la sociedad dominicana ha sido testigo de primer orden de lo que podemos calificar como un atentado sistemático a la independencia judicial desde el Consejo del Poder Judicial, que ha recurrido en numerosas ocasiones a la suspensión de jueces, de forma indefinida y sin disfrute de salario, sin emitir una decisión que contenga los motivos de esta suspensión, sin la realización y conclusión de un proceso disciplinario y en muchos casos sin ni siquiera iniciar una investigación.
   
El juez Julio Castillo Plata, expuso que la independencia judicial no es una garantía del juez, no es un privilegio de los miembros de la judicatura, es un derecho de todo ciudadano, del conglomerado social, que, en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos debe recibir tutela judicial efectiva. Y, ¿cómo se ejerce este derecho? Acudiendo al escenario judicial con plena certeza de que recibirá respuesta de un juez independiente e imparcial, que juzgara el reclamo que ha presentado y decidirá en base a lo que le ha sido mostrado y probado, al margen de toda influencia externa, sin recelo, temor, ni preocupación por el impacto que pueda tener esa decisión, apegado única y exclusivamente a la Constitución y las leyes.
   
‘’La suspensión de un juez de forma indefinida, sin disfrute de salario, sin la debida fundamentación y al margen de una investigación o proceso disciplinario, atenta contra las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la República, muy especialmente la presunción de inocencia; constituye una sanción anticipada para los jueces que, sin disponer de acciones para reivindicar sus derechos ven lesionadas su moral, su estabilidad familiar, su estabilidad laboral, y sobre todo su dignidad personal, al ser privados de los ingreso económicos que tener un mínimo vital; recordemos la realidad legal conforme la cual, un juez esté impedido de realizar otra labor fuera  del que hacer jurisdiccional y la academia.’’ Estableció el juez Castillo Plata.            
Asumiendo el compromiso de promover la autonomía y la independencia del Poder Judicial como un mecanismo para el sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, y establecer protocolos y reglamentos estandarizados en el marco del sistema de integridad y régimen de consecuencias para los jueces y empleados judiciales, de manera que exista un procedimiento previamente establecido y acorde con las normas del Debido Proceso establecido en la Constitución Dominicana.         
      
Reconocemos la importancia de un régimen disciplinario, y un efectivo sistema de consecuencias como mecanismo de control Legitimación y fortalecimiento del sistema judicial. Ningún miembro de la Judicatura que falte al juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes en detrimento de los intereses legítimos del ciudadano que reclama justicia debe quedar impune, lo que exigimos es la existencia dc un proceso disciplinario acorde con el debido proceso de ley, en el que se respeten los derechos y garantías de la persona sometida al mismo donde primen los valores supremos de dignidad, igualdad y justicia. En atención a esto, solicitamos a los miembros del Consejo del Poder Judicial reflexionar acerca de este proceder, advertir la afectación que esto está ocasionando al sistema de justicia del país, cómo erosiona la credibilidad del Poder Judicial, debilitando la seguridad jurídica de la Nación. Al dar lectura al documento a donde se concentraron abogados y representantes judiciales establecieron que ante la Crítica situación que afecta al Poder Judicial y la sociedad, requiriendo   del Consejo del Poder Judicial cumplir con el compromiso asumido públicamente en la Cumbre Judicial Nacional de impulsar la autonomía e independencia del Poder Judicial.
  
Llamaron a la Suprema Corte de Justicia actuar con objetividad, divorciado del populismo y abrazados de la Constitución y las leyes, con el interés de contribuir a la estabilidad y el mantenimiento del sistema de justicia de la Republica Dominicana, además de abolir de manera inmediata la practica irregular de suspender jueces, sin disfrute de salario en el curso de un proceso disciplinario.
   
Los jueces afirmaron que se hace necesario establecer un reglamento para la realización de los juicios disciplinarios, delimitando las medidas cautelares, supuestos de aplicación, procedimiento y extension y los plazos para la investigación, procesamiento y juzgamiento del funcionario, acorde con las reglas del debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, como eje transversal a toda actuación de órganos de poder.            

Llamaron a que cesen de forma inmediata toda transgresión a los derechos fundamentales de los funcionarios judiciales sometidos a proceso disciplinario y dc aquellos suspendidos sin proceso.
   
El juez Castillo Plata sostuvo al dar lectura a manifiesto que se ha necesario establecer un reglamento para la realización de los juicios disciplinarios, delimitando las medidas cautelares, supuestos de aplicación, procedimiento y extension y los plazos para la investigación, procesamiento y juzgamiento del funcionario, acorde con las reglas del debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, como eje transversal a toda actuación de órganos de poder.
  
 ‘’ La independencia judicial no es una garantía del juez, no es un privilegio de los miembros de la judicatura, es un derecho de todo ciudadano, del conglomerado social, que, en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos debe recibir tutela judicial efectiva. Y, ¿cómo se ejerce este derecho? Acudiendo al escenario judicial con plena certeza de que recibirá respuesta de un juez independiente e imparcial, que juzgara el reclamo que ha presentado y decidirá en base a lo que le ha sido mostrado y probado, al margen de toda influencia externa, sin recelo, temor, ni preocupación por el impacto que pueda tener esa decisión, apegado única y exclusivamente a la Constitución y las leyes. ‘’
   
Añade el manifiesto que en atención a esto, solicitan a los miembros del Consejo del Poder Judicial reflexionar acerca de este proceder, advertir la afectación que esto está ocasionando al sistema de justicia del país, cómo erosiona la credibilidad del Poder Judicial, debilitando la seguridad jurídica de la Nación.
 
Oncólogo rompe el silencio   
 En tanto, que el oncólogo que realizó los estudios a Pedro Alejandro Castillo Paniagua, se defendió del trabajo realizado al interno quien supuestamente habría fallecido, afirmando que no conocía a Qurinito, ya que el mismo fue enviado por la procuraduría para que fuera evaluado frente a la enfermedad que padecía de un cáncer en la punta de la lengua.
    
El doctor Ángel Garabot Polanco, dijo que frente a este caso su actuación fue simplemente como Oncólogo, indicando que evaluó el paciente que se le llevo, una persona delgada que se encontraba en una condición crítica,’’ yo no atendí a una persona que se encontraba papeada como se dice popularmente atendí a un enfermo.
    
‘’Yo lo que he dicho que por el tipo de persona y el estado en que se encontraba el paciente que yo vi   no era compartible   estar en una cerda con más personas’’ sostuvo Ángel Garabot Polanco.
    
Explicó, que él no conocía a Quirinito y que solamente se limitó a observar el paciente que le refirieron las autoridades judiciales.
    
Dijo, que recibió una orden de la jueza Aleyda Jiménez, y otra del procurador Felipe Restituyo dirigida a su persona para que procediera a realizarles los estudios correspondientes, indicando, que la persona que atendió presenta las mismas características de la persona que se ha presentado.
    
Manifestó, que vio a la persona que la justicia le envió identificada como Pedro Alejandro Castillo Paniagua, yo no sabía ni el seudónimo que se utilizaba para el y se enteró del caso por los medios de comunicación cuando se le llamó y se le pregunto sobre el mismo.
    
‘’Mi función como Oncólogo es simplemente limitarme a lo que a mí me solicitan la ley, ósea para que certificará en qué Estado se encontraba ese paciente, y no tuve ninguna otra participación, no solamente yo cualquier médico actuaria de la misma forma’’ Dijo Garabot Polanco.
    
Expuso, que la situación desde el punto de vista familiar le ha afectado considerablemente ya que como médico que se desempeña en varios centros de salud del país, es muy incómodo que todo el mundo le pregunte doctor y es de usted que están hablando.
    
Afirmo que dentro del cuadro del paciente lo que hizo fue abalar los resultados que ya el paciente se le habían realizado en la ciudad de Santiago en la clínica Unión Medica, ya que los mismos había sido diagnosticado por una persona capacitada perteneciente a una institución con muchos prestigios que no se va a prestar para hacer una cosa indebida.
    
Informó que el paciente Quirinito le fue presentado por su esposa y un representante del Centro de Corrección Vista Al Valle de aquí, pero este nunca habló ya que presentaba dificultades para hacerlo, y fue un paciente muy poco cooperador pues siempre la que habla era su esposa.
    
Habla decano de derecho
De su lado el decano de la faculta de derecho dela Universidad Católica Nordestana licenciado Eulise Tejada al ser consultado sobre la situación de las suspensiones sostuvo que el artículo 13, contenido en la SECCIÓN III, de la ley No. 28-11, Orgánica del Poder Judicial. G. O. No. 10604 del 24 de enero de 2011, dispuso, con ocasión al Régimen Disciplinario, que la dirección y la reglamentación del régimen disciplinario del Poder Judicial correspondería, a partir de ese momento, al Consejo del Poder Judicial y en consecuencia las funciones de esta naturaleza, conferidas a la Suprema Corte de Justicia por la Ley 327-98 de fecha 11 de agosto de 1998, de Carrera Judicial, pasarían a ser ejercidas por este Consejo.
   
Establece el profesional del Derecho que en ese mismo orden, conforme con el Artículo 62 de esta última disposición legal: “Según la gravedad de las faltas, las autoridades competentes en los términos de esta ley podrán imponer las siguientes sanciones: 1) Amonestación oral; 2) Amonestación escrita; 3) Suspensión sin sueldo, por un período de hasta treinta (30) días; 4) Destitución.
    
Al ser consultado dijo que evidentemente, la facultad que se abroga el Consejo del Poder Judicial para producir una suspensión fuera de todo proceso disciplinario, constituye una flagrante violación a la ley No. 327-98, toda vez que aún esta normativa, cuando trata sobre el traslado provisional o definitivo de los Magistrados, consagra en su Artículo 23, que los mismos podrán ser trasladados provisional o definitivamente por la Suprema Corte de Justicia en los casos siguientes: 1) Por solicitarlo así el juez, si a juicio de la Suprema Corte de Justicia aquél ha acumulado mérito en el ejercicio del cargo, existe una causa justificada, el cargo al que aspira ser trasladado el juez está vacante, y si dicho traslado no es inconveniente para el servicio de la administración de justicia, o, 2) Cuando lo considere útil la Suprema Corte de Justicia, por resolución motivada que no deje lugar a dudas de que no se trata de sanción.
  
 ‘’Como se observa el mismo juzgador procuró que cuando se vaya a tomar una medida discrecional a cargo de nuestro más alto tribunal de justicia fuera con la salvedad de que el juez no observara dicha resolución como un acto sancionador y por ello manda a motivar cuidadosamente la misma’’
    
Añadió que    la suspensión de los jueces es a todas luces una sanción, toda vez que el cese de las funciones del juez, sin percepción del salario, se realiza, conforme el Artículo 47 de la referida ley, cuando éste se encontrare subjúdice y esta condición solo se aplica, conforme a la misma ley, en caso de crimen, desde que la persona ha sido presa o se ha dictado contra ella mandamiento de conducencia; en materia correccional cuando ha sido presa o citada por el Ministerio Público por ante el tribunal correspondiente, o enviado ante su jurisdicción.

Estimo irrazonable y violatoria de la ley la decisión del Consejo del Poder Judicial de suspender a la magistrada Aleyda Jiménez Acosta, a quien se le debe, primero, conocer un juicio disciplinario y de encontrarse responsable de cualquier hecho que se le atribuya, establecer el alcance de dicha responsabilidad y a su vez disponer después el tipo de sanción que implique su posible falta.
 



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