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Administración pública y elementos

Moisés Estévez | ACTUALIZADO 11.04.2017 - 9:54 pm

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(parte II)

Continuando con el desarrollo del tema, la Constitución de la República Dominicana, plantea en el Capítulo III, lo referente a la Administración Pública y comienza con los Principios de la Administración Pública. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. La ley regulará: 1. El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública con arreglo al mérito y capacidad de los candidatos, la formación y capacitación especializada, el régimen de incompatibilidades de los funcionarios que aseguren su imparcialidad en el ejercicio de las funciones legalmente conferidas; 2. El procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos, garantizando la audiencia de las personas interesadas, con las excepciones que establezca la ley.
   
A juicio del gran jurista Olivo Rodríguez Huertas, “la Administración Pública se encuentra conformada por un conjunto de órganos y entes públicos que de manera permanente, continua e ininterrumpida, satisfacen las necesidades colectivas e individuales de las personas. En el marco constitucional, existe una Administración pública nacional y una Administración pública local. La Administración pública nacional está integrada por los órganos que conforman la Administración pública central, que funcionan en base a la personalidad jurídica del Estado; y los organismos autónomos y descentralizados funcionalmente, provistos de su propia personalidad jurídica. Los órganos y entes públicos de la Administración pública nacional se caracterizan porque el cumplimiento de sus cometidos se extiende a todo el territorio nacional. La Administración Pública Local, conforme al artículo 199 de la Constitución, le corresponde al Distrito Nacional, los Municipios y los Distritos Municipales, que constituyen expresiones de descentralización administrativa territorial, teniendo a su cargo la satisfacción de múltiples necesidades colectivas, pero circunscritas al espacio territorial que le corresponda a estos entes locales.

No obstante figurar el texto comentado en el Título del Poder Ejecutivo, sus disposiciones resultan aplicables a todos los órganos y entes que realizan función administrativa en el Estado, los que, en su actuación, se encuentran sujetos a un conjunto de principios que han sido constitucionalizados, como los de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad, coordinación y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Corresponde, fundamentalmente, a las Leyes Orgánicas sobre Organización y Administración general del Estado y de Administración Local, desarrollar el alcance práctico del contenido de los referidos principios, dentro del contexto del Estado Unitario que la Constitución proclama en sus artículos 7 y 193.
Por otra parte, el artículo que se comenta contiene, además, dos importantes mandatos al legislador, que procuran hacer efectivo el derecho de las personas a una buena administración. Uno es, el establecimiento de un estatuto de función pública basado en el mérito, la capacidad, la formación y capacitación especializada de los servidores público, así como un régimen de incompatibilidades en el ejercicio de las funciones públicas.
   
El otro, por su parte, procura llenar un vacío en nuestro régimen jurídico administrativo, como lo constituye la ausencia de una ley que regule el procedimiento administrativo a través del cual se disciplina el ejercicio de las potestades de los órganos y entes que realizan función administrativa en el Estado, sea en el ámbito Nacional o Local.
   
El procedimiento administrativo, como sucesión de actuaciones que desembocan en el dictado de actos administrativos y otras decisiones de interés general, tiene un efecto múltiple, ya que procura garantizar el acierto de la decisión administrativa, el respecto de los derechos de las personas, y sirve además de instrumento de legitimación democrática de la actuación administrativa.”
 
 


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