15 Octubre 2018 7:20 PM

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Lo obvio y no obvio en el ambiente político local

Aquiles Olivo Morel

Aquiles Olivo Morel

Aquiles Olivo Morel | ACTUALIZADO 12.06.2018 - 5:47 pm

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A través de la historia casi siempre las regulaciones han sido rechazadas por las sociedades porque la misma viene a alterar un viejo orden,  donde por lo regular  se perjudica a quienes por alguna razón construyeron unas condiciones de las que se benefician constantemente y la llegada de las leyes (regulaciones) altera afectando considerablemente a los grupos de intereses.
   
Las agrupaciones políticas obtienen pingues beneficios al disponer del libre albedrio ante la ausencia de una ley de partidos que rija su forma de convivencia en una sociedad cada vez más exigente, con características y tendencias a la complejidad, por el gran número de participantes en esta actividad social, sin ideologías y reglas de juegos claras.  
   
En definitiva, todos los partidos, por igual afrontan dificultades de arbitraje y lo demuestra el cúmulo y los continuos fallos de las altas cortes, respondiendo a los contenciosos emanados de sus reiterados conflictos.
   
Los recursos financieros, por ejemplo, al ser asignado por la JCE son el resultado de la rendición de cuenta, a través de un informe el cual se remite con antelación para así acceder a los desembolsos, lo cual resulta imposible por la faltas reiteradas de los partidos – “La JCE suspende los fondos a 7 Partidos, incluido el PLD”- en presentar debidamente esta información ante el máximo organismo electoral
   
La sociedad, pues, en su conjunto observa como la oportunidad de disponer de este instrumento jurídico para regir una de las instituciones más activas de la sociedad empieza a esfumarse como consecuencia de la dificultad de lograr un consenso entre los grupos en pugnas de las dos corrientes mayoritarias del partido oficialista.
   
Pensar entonces, en fijar reglas de juego en un momento en que no hay, ni por asomo, las condiciones en quien dispone de las posibilidades en el Congreso de la Republica, con los votos suficientes para pasar la presente Ley resulta algo más que quimérico, entre los actores el diferendo jurídico y Constitucional aleja toda posibilidad de concretizar un acuerdo.
   
Los esfuerzos parecen haber concluido en un limbo, donde no se sabe a ciencia cierta si el proyecto murió o si será nueva vez engavetado o si algún tipo de acuerdo, de último momento, pudiera dar al traste con su salvamento.
   
Las consecuencias pudieran ser funestas. Los manejos técnicos de la JCE no parecen estar tan claro, la ilusión de disponer de la Ley contrajo sus planes a la espera de un consenso; sus cronogramas no se fundamentan en ningún tipo de legislatura; por lo tanto, el orden para fijar un escenario prístino no se tiene del todo claro.

Los recursos económicos en definitiva, para desarrollar este proceso electoral del 2020 pudieran estar fuera de sus posibilidades; aunque se dispone de un Presupuesto y de una logísticas pudiera pensarse que el principal afectado será esta autoridad electoral y en quien recaerá el mayor peso a la hora de evaluar los resultados adversos de tipo organizativo; los tropiezos pueden apreciarse a simple vista, lo cual también obliga a buscar forma expeditas para salvar estos obstáculos y continuar impulsando el modelo democrático.
 
Mi opinión: Existe en el ambiente electoral anticipado la creencia de que las organizaciones políticas en el fondo no han madurado lo suficiente para pasar esta ley, la cual ya fue discutida por la totalidad de los sectores, incluso nunca antes, al parecer una pieza alcanzó niveles de discusión y de opinión tan elevado como la Ley de Partidos y Agrupaciones políticas.
   
Nunca antes, tampoco, una Ley de esta magnitud e impacto para el modelo democrático penetró con consecuencias adversas en los liderazgos de mayor relevancia; si se observa, la principal fuerza política como es el PLD se encuentra paralizado en todos sus organismos de dirección a la espera de lograr un acercamiento positivo entre sus dos líderes principales.
   
La misma fue capaz de quebrar una “Regla de oro” denominada el centralismo democrático, el cual pauta el sometimiento de las minorías a una posición de mayorías, sea en los organismos superiores como en los de menor jerarquía. Hoy el Comité Político (CP) se hizo a un lado, dejando a los legisladores decidir sobre un aspecto tan relevante, el cual en el pasado era el fruto de una discusión conclusiva de este alto organismo de dirección.
   
La responsabilidad de que el país no disponga de este instrumento legal recaerá directamente sobre el liderazgo actual, incapaz de mirar hacia adelante, haciendo a un lado los intereses particulares y, en consecuencia, hacer posible transparentar la actividad política. Lo obvio! La insensatez de dejar pasar la oportunidad en aras de aprobar la Ley contando con la mayoría en el ambas cámaras levanta un manto de suspicacia, a lo que no escapa el pensar que hay fuerzas ocultas deseosas de obstaculizar su aprobación. Lo no obvio!



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