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Errores fatales del control de accidentes mortales

Reynaldo Peguero

Reynaldo Peguero

Reynaldo Peguero | ACTUALIZADO 16.04.2019 - 7:55 pm

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La de una operación preventiva permanente contra los accidentes de tránsito es la principal irresponsabilidad pública ante este letal y costoso problema. En República Dominicana nunca se ha hecho como se debe, un programa constante y masivo. Ante la masacre filmada y presentada a diario en las redes sociales, todo el mundo quiere hacer algo, pero nadie hace nada sistemático. El INTRANT luce desconectado del Ministerio de Salud. Las agencias internacionales no pueden hacer su trabajo, porque aquí se estudia poco las experiencias internacionales exitosas. Se pensaba que la nueva ley 63-17 iba a impactar, hecho que todavía está por confirmarse.
   
Este caso llega a lo ridículo, cuando dirigentes del transporte colocan pancartas en las vías con sus fotos y mensajes triviales. Asimismo, con muy buenas intenciones la Defensa Civil hace otro tanto y una empresa gasta dinero en publicidad para que la gente “no filme con celulares y ayude”, nimio.  También se falla cuando el gobierno convierte “el respeto a la luz roja” en la principal causa del problema pero sabemos que no lo es. Peor, cuando DIGESETT y sus eficientes pero reducidos agentes, hacen secretas emboscadas para multar por uso de celulares al manejar.
   
La principal solución a este problema no reside tampoco en estudiar puntos críticos georreferenciados para arreglar calles, redireccionar vías, colocar desaceleradores, señalizar, pintar esquinas, semaforizar con luces inteligentes, cuidar al peatón, impedir giros o disponer señales de pare. Menos aún, pretender que el efectivo Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 911 lo resuelva todo. El 911 es prevención secundaria: diagnóstica rápido y trata a tiempo, pero después que el accidente sucede. Lo que debe hacerse es lo que no se hace: prevención primaria antes que el accidente ocurra. Esa es una competencia de INTRANT, Ayuntamientos y Ministerio de Salud.   
   
DGII diagnostica que circulan casi 2.5 millones de motocicletas que son el 54.6% del parque vehicular y sabemos que 6 de cada 10 muertos por accidentes son motociclistas y acompañantes, entonces “eureka”. Ese debe ser el punto focal de actuación. La solución está en asegurar el uso obligatorio de cascos protectores 24/7, es decir las 24 horas del día y los 7 días de la semana en el total de 2.5 millones de motociclistas y acompañantes.  
   
Todos sabemos que el problema dominicano de muertes por accidentes ocupa el primer lugar del mundo. Supera países de América, África, Pacífico, Asia y Europa. El principal volumen de muertos en más del 65%, lo arrojan los motociclistas. El caos es de tal magnitud que los 2 millones, 500 mil motoristas transitan las vías sin ningún tipo de casco o lo utilizan a veces. En muchos casos el supuesto casco no es seguro, ni el motorista lo emplea y mucho menos sus acompañantes.
     
Las acciones de la sociedad civil y el gobierno agrupado en INTRANT son insuficientes porque el Estado no ha podido concentrarse en causas prioritarias y precipitantes del problema. Vienen y van asesores a recomendar lo que está escrito. De todos el mejor es el sociólogo Roy Rojas por la experiencia parecida a la nuestra en el Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (COSEVI). Los expertos europeos no tienen posibilidades de entender el Caribe. Bola afuera.
   
Mientras en Dominicana hay 3,684 muertos anuales (tasa 34.6 muertos por 100 mil), los ingenieros civiles predominan en INTRANT. Su enfoque estructuralista de intervención física y construcción de obras es old-fashioned. Los accidentes son una epidemia pero los órganos del Estado no están dirigidos por sociólogos, sicólogos, gestores o epidemiólogos, sino por eficientes constructores de obras físicas para correcciones viales.
   
Entres ellos predominan arquitectos, ingenieros y constructores, buenos profesionales pero ante un problema solo piensan en “block, varilla, cemento y pintura”. Si ya se sabe que el problema de la mortalidad no es sólo arreglar las vías, sino que el factor humano es la causa precipitante, entonces actuemos masivamente sobre el factor humano relacionado a las muertes de motociclistas, con un programa nacional permanente para Salvar Vidas 2019.
   
Se impone una campaña masiva de 12 meses para obligar al uso de cascos protectores seguros. La manera de suplir estos cascos es cofinanciada por el motorista, alcaldías, empresas importadoras, aseguradoras y asociaciones del transporte. Los mensajes educativos deben ser revisados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para evitar que las publicitarias diseñen el conjunto de disparates que hacen sin impacto para salvar vidas.
   
En Santiago el Ayuntamiento con el apoyo de COSEVI, el INTRANT y el sector privado pueden asegurar: i) el uso obligatorio de 200 mil cascos homologados para motoristas y acompañantes; ii) masiva utilización de cintas reflectivas para 230 mil estudiantes, ciclistas y motociclistas nocturnos. Asimismo, iii) realización de operativos mixtos “Salvar Vidas” para inspección de motocicletas por Alcaldía, INTRANT, DIGESETT y la presencia del ministerio público y la sociedad civil.
   
Igualmente, iv) el programa empresas seguras que capacite en seguridad vial y dote de equipos a conductores de vehículos pesados, especialmente choferes de empresas industriales. Finalmente, v) medición de Prueba de Aliento Electiva y Aleatoria (PAEA) en Puntos de Verificación de Sobriedad (PVS). La probabilidad real de ser detenido y condenado por conducir en estado de ebriedad es baja. Se impone este enfoque para fortalecer la aplicación donde en los operativos mixtos se detienen a todos los vehículos que pasan por un lugar fijo anunciado en una vía pública para constatar si los conductor pueden estar impedidos.
   
De eso se trata de superar los errores fatales del control de accidentes mortales para poder salvar vidas y reducir los excesivos gastos en los servicios de salud.



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