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Nueva Ley de alquileres

Fausto García

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Fausto García | ACTUALIZADO 14.04.2019 - 4:25 pm

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A la atención del Dr. Pedro Mendoza (1 de 2)

La vida y sus cosas son de forma y de fondo.  Lamentablemente, hay quienes pierden el fondo, por estar guardando “las formas”. (Fausto García)


S e hizo muy conocido el mensaje aquel que aparece en algunas laminas que se cuelgan en las paredes en distintos lugares y que dice con sobrada razón “El camino a casa nunca es lejos”.  Otras expresiones vinculadas al lugar donde se vive dicen: “El que se casa, casa quiere; no vaya a casa de nadie que nadie sabe cómo esta nadie; no hay nada mejor como decir voy para mi casa o esta casa es mía”. En los origines de la humanidad, esta, siempre buscó un lugar donde guarnecerse, bien fuera en el jardín del Edén o en cuevas. No se discute la importancia de tener una vivienda para la familia, de paso todos nos afanamos y en nuestras metas, ella ocupa sino el primer lugar, uno de ellos.
   
Desde la década del noventa por allá, vengo escuchando que en nuestro país hay un déficit habitacional, que rondaba en ese entonces, las 700 mil viviendas y así fue subiendo el numero conforme aumenta la población, y no obstante el avance del sector constructor, unas veces tibio por parte del gobierno y otras, caliente por parte del sector privado. Lo cierto es que al menos según el último censo de población y vivienda, el mismo alcanzó en el 2010 el 1.3 millones, y en el marco informal, se habla de 3 millones.
   
El lunes 8 de los corrientes, el Dr. Pedro Mendoza, reconocido médico y terapeuta familiar publicó en el periódico La Información, un artículo titulado “Un apunte sobre la nueva ley de alquileres de casas y apartamentos”. Buceando como dice él en un mar que no es suyo (el mundo del derecho) hace amagos en torno a un proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional sobre la materia. Confieso que no conozco el proyecto y no suelo prestarle atención a proyecto alguno, pues nuestras leyes, como el país mismo, son muy deficitarias, llenas de ambages o ambigüedades, y lo peor, que centenares de proyectos mueren en las gavetas de los legisladores, como muestra los del código penal, código civil y otros tantos.
   
Como terapeuta familiar y ya en sus aguas, el doctor Mendoza apuntala con certeza ciertos tópicos y la importancia de “la vivienda como estructura de cobijo, es decir, de residencia, de permanencia-relacional de los miembros de una familia y de reunión de una familia y sus allegados, es un espacio donde interactúan y viven personas que expresan comportamientos generales, actitudes y vida emocional o psicológica. Y entre esos comportamientos generales y psicológicos hay uno que es común a la persona que vive en una vivienda alquilada y a la que es propietaria de la misma: el comportamiento económico”.
       
Al leer sus certeras inquietudes recordé un artículo mío publicado en el mismo diario, a mediado del año 2009 que tuvo varias partes, y el cual titulé: EL QUE CONOCE LA LEY, NO ALQUILA SU CASA. En él decía entre otras cosas:
   
“El día 3 de diciembre del 2008, nuestra Suprema Corte de Justicia, dictó una Sentencia, caso Julio Giradles Casasnova Vs. Antún Hermanos y Compañía, mediante la cual declaró inconstitucional el Artículo 3 del Decreto 4807, y la cual, además de este aspecto decidido, es un buen botón que delata y retrata la realidad del complejo e ignorado mundo de los alquileres en nuestro país.
   
El derecho de propiedad es reconocido por nuestra Constitución.  Sin embargo, no contamos con una legislación que regule el régimen de los alquileres o arrendamientos de viviendas o negocios.  Aun cuando el Código Civil Dominicano, en sus artículos 1708 y siguientes dedica todo un articulado relativo a la locación, arrendamientos y alquileres de las cosas, tal y como lo resalta la SCJ en la indicada sentencia, es un Decreto del año 1959, fecha para la cual aún no había nacido El Aprendiz, el que regula de modo preponderante las relaciones entre los dueños de propiedades inmobiliarias o inquilinos y arrendatarios, tanto así que el artículo 1737 del mencionado código, que prevé la posibilidad de rescisión del contrato por la llegada del término o vencimiento, fue derogado por el famoso decreto, teniendo el alto tribunal, casi a los 50 años, que reinstaurar la vigencia del mismo, con la nulidad ya indicada.”




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